La estatal acusó un patrón sostenido de intervenciones indebidas, presiones internas y beneficios económicos ilegítimos en la tramitación de los recursos que favorecieron al Consorcio Belaz Movitec. La querella se dirige contra siete personas —incluida la exministra, su pareja, dos abogados y tres intermediarios— y se presentó después de que la Fiscalía expusiera antecedentes “contundentes” en la formalización de Vargas, Lagos y Migueles.
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